65 años de edad y no tener otra remuneración, serían los únicos requisitos para acceder a la pensión alimentaria para adultos de tercera edad

El día de ayer la cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de universalidad de la pensión alimentaria para adultos de tercera edad, el cual elimina el censo para identificar a ciudadanos beneficiarios. La ley sancionada solo establece como requisito tener 65 años de edad y no tener otra remuneración. Al respecto, el Dip. Antonio Buzarquiz afirmó a través de R.C.O. que está convencido de su aprobación en la cámara de senadores y posterior a ello, del no rechazo por parte del Presidente de la República, diciendo que esta es la oportunidad de Mario Abdo Benitez para que se reivindique con el pueblo.

Así mismo, el legislador expresó que siempre se supo que el censo se presta a manipulaciones de carácter político, ya que hay personas que no necesitan, pero igual son beneficiadas con la pensión en detrimento de quienes siiestán pasando un muy mal momento. Dijo que muchos ciudadanos de tercera edad viven en muy malas condiciones y logran sobrevivir solo gracias a la buena voluntad de algunos vecinos. Además de ello, señaló lo tedioso que resulta para los abuelitos tener que ir 4 o 5 veces hasta la municipalidad de su distrito con la esperanza de acceder al beneficio señalado, y que sin embargo solo encuentran respuestas negativas, todo ello por el deficiente e injusto sistema que hasta ahora se encuentra vigente, el cual ya no tiene credibilidad.

Criticó la forma de las evaluaciones llevadas a cabo durante el censo, calificando las mismas de muy subjetivas y contradictorias, por lo que aseguró que la mejor manera de proceder sería dejar de lado el cuestionado censo, para que el programa alcance a las personas que realmente están en situación de pobreza y vulnerabilidad.

En relación a los fondos para el financiamiento del programa con las reformas señaladas, dijo que desde el Ministerio de Hacienda siempre se va a decir que no hay dinero, lo cual es cierto, pero que la cuestión está en que el Estado Paraguayo decida en que quiere gastar el dinero público, ya que es momento de establecer prioridades hacia los programas sociales.

“Cada año se discute el presupuesto general del Estado Paraguayo y estamos hablando de 13 mil millones de dólares. Lo de la tercera edad es de 200 millones de dólares y representa menos del 3% del Presupuesto General de la Nación. El aumento de salario que solicita el funcionariado público, le cuesta a nuestro país entre 100 y 200 millones de dólares cada año.”, indicó.

El proyecto de ley también deroga el artículo 8 de la ley, que faculta como institución responsable de la aplicación de la presente ley al Ministerio de Hacienda, Dirección de Pensiones no Contributivas, que, entre otras cosas, coordina acciones con la Secretaría de Acción Social, las Juntas Departamentales y Juntas Municipales para la identificación de los beneficiarios a través de los censos.

 

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